A veces nosotros mismos nos ponemos los obstáculos. En este caso me refiero a cierta idea de solidaridad según la cual no tendríamos derecho a una cesión de suelo público debido a que existen colectivos desfavorecidos que lo merecen más, como los sintecho o los jóvenes precarizados que no pueden emanciparse.
Es evidente que no competimos con ellos. Nosotros no pretendemos tener acceso a suelo reservado para vivienda de protección oficial. Ni se nos ocurre anteponer nuestras pretensiones a las de quienes carecen de un hogar digno. Construir viviendas de alquiler barato en suelo público y expropiar inmuebles inactivos de los bancos son algunas de las acciones que debemos exigir a los poderes públicos para resolver ese problema, con independencia de nuestras demandas.
Todas las poblaciones de cierto número de habitantes tienen un plan urbanístico en el que se determinan los usos del suelo. En ellos se diferencian zonas para vivienda libre, vivienda protegida, suelo dotacional para servicios públicos y suelo de equipamiento para servicios públicos o privados.
Estos suelos dotacionales o de equipamiento en ningún caso se van a dedicar a vivienda. Son a estos tipos de suelos a los que aspiramos, puesto que el nuestro no es un proyecto de vivienda sino de equipamiento social. Pero tampoco se nos ocurre oponernos a las reivindicaciones de las asociaciones de barrio cuando demandan infraestructuras asistenciales, sociales o recreativas para uso de los vecinos. Estas reclamaciones suelen estar bien fundamentadas y tienen todo nuestro respeto y apoyo.
El concepto de cohousing o alojamientos colaborativos está empezando a ser valorado por las administraciones públicas y conocemos experiencias de ayuntamientos y gobiernos autonómicos que están colaborando muy activamente en proyectos de este tipo. En nuestro caso, hemos recibido buena acogida por parte de las administraciones y esperamos que en algún momento produzca sus frutos.
Debemos señalar que nuestro proyecto ejercerá un efecto de revitalización en el barrio o pueblo en que se ubique, con la aportación de personas que van a consumir, pagar impuestos y dinamizar la vida social y cultural. No es descabellado pensar que los ayuntamientos puedan tener suelo de equipamiento inutilizado y les compense ceder su uso durante un periodo largo manteniendo la propiedad pública.
La Constitución Española, en su artículo 50 relativo a los «ciudadanos durante la tercera edad», establece que «los poderes públicos […] promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». Salud, vivienda, cultura y ocio es, precisamente, lo que pretendemos con nuestro proyecto. Es evidente, y así nos lo han confirmado varios grupos parlamentarios, que con proyectos como el nuestro la Administración se evita la creación de plazas en residencias geriátricas.
Podemos, por tanto, sentirnos orgullosos de ser partícipes activos en la resolución de un problema social grave ofreciendo una alternativa de colaboración público-cooperativa en la que nuestra condición de entidad sin ánimo de lucro garantiza la ausencia de especulación inmobiliaria.